Según datos de 2009, unos 1.500 desempleados perdieron su derecho a prestación por rechazar empleos o cursos. Hay dos razones para que esto suceda: que los Servicios Públicos de Empleo carecen de medios para ofrecer formación y ofertas de trabajo y que la coordinación e información entre las autonomías y el Ministerio de trabajo no funciona como es debido. Precisamente esta segunda situación es la que se busca mejorar con la reforma de las políticas activas que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
El anteproyecto de Ley tiene una extensión de 28 páginas, aunque todavía no es definitivo y aún está en fase de negociación con los agentes sociales y los partidos políticos. En él borrador se contempla la creación, por parte del Ministerio de Trabajo y las Comunidades, de un catálogo de servicios de empleo para los desempleados. En este documento, el Estado se compromete a elaborar un itinerario de inserción laboral adaptado a cada parado, que se irá implantando de manera progresiva hasta 2013.
Este itinerario marca los pasos que deberá seguir el parado para encontrar trabajo en el menor plazo de tiempo posible, contemplando tipo de formación, motivaciones para el autoempleo u orientación laboral, entre otros. Otro de los cambios que introducirá esta Ley está relacionado con la intermediación laboral y las políticas activas entre los Servicios Públicos de Empleo y las agencias privadas de colocación.
"La gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas", afirma un fragmento que se añade a la actual Ley de Empleo, el texto que será reformado para cambiar las políticas activas de empleo.
2 comentarios:
¿1500 millones de desempleados?
Ups, gracias por el apunte. He mezclado una mención que se hacía a "casi cuatro millones de desempleados" en el texto original y ha salido eso. Ya está arreglado.
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